El derribo de las Puertas y Murallas

     Por Amor al Arte, déjame ExplicArte Sevilla, déjame ExplicArte el derribo de las Puertas y Murallas, de Sevilla.
      El proceso de demolición de las defensas sevillanas viene susci­tando en los últimos tiempos debates e interpretaciones que no solo lamentan la pérdida de gran parte del que fue el mayor conjunto amurallado de su momento, sino que, además, vierten opiniones que prácticamente responsabilizan de aquel monumental derribo a los gobiernos municipales del Sexenio Democrático, cuando hoy sabemos que el proceso demoledor se había iniciado mucho antes de la Revolución de 1868, formando parte de una compleja trama de factores que afectó a la mayoría de las ciudades europeas en los años centrales del siglo XIX.

     A mediados de dicho siglo, los avances de la moderna tecnología militar habían vuelto a corroborar la escasa eficacia de las defensas medievales en los conflictos armados, una situación agravada en el caso de Sevilla con los informes negativos (años 1837 y 1850) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que denuncian el pésimo estado de conservación de la cerca por parte de la entidad responsable, el Ayuntamiento hispalense, así como la inutilidad militar del conjunto murado, oculto en la mayor parte del recorrido por viviendas y construcciones de todo tipo adosadas a la muralla. Una situación que explicaría que Sevilla, siendo sede de la Capitanía General de Andalucía, no tuvo la categoría de plaza fuerte, un elemento que podría haber retrasado o evitado la demolición de la mayor parte del perímetro amurallado, aunque a su vez ello no condicionó el crecimiento urbanístico. Al mismo tiempo, la carencia de dicha categoría en Sevilla provocó la ausencia de todo tipo de control militar sobre el área extramuros adyacente a la cerca, dada la ocupación residencial de gran parte de estos espacios, y, por tanto, no se dieron aquí los litigios por la propiedad de los suelos de uso militar que se dieron en otras ciudades españolas tras el derribo de sus murallas.

     Esta constatación tecnológico-militar, sin ser el condicionante principal del proceso de demolición de la cerca, vino a coincidir a su vez con una dinámica de crecimiento demográfico urbano el cual vino a colmatar y sobrepasar las superficies encerradas tras las viejas murallas. Sin embargo, el aumento de la población tampoco fue la principal razón esgrimida para postular el derribo del corsé que representaban esos muros en la mayoría de las ciudades europeas. 

     El fenómeno de la demolición de los recintos murados hay que entenderlo como la suma de diferentes argumentos de todo tipo que venían a coincidir en la identificación del progreso con la destrucción de las murallas medievales. Para entender este proceso demoledor hay que tener en cuenta la consolidación del triunfo de las revoluciones burguesas a lo largo del continente europeo, especialmente tras la Revolución de 1848. La caída del canciller Metternich al frente del Imperio austríaco, el más firme baluarte de las monarquías absolutas europeas, y la subida al poder de Luis Napoleón Bonaparte en Francia vino a confirmar el ascenso de la burguesía y con ella la implantación del liberalismo económico y su nuevo esquema ideológico. En este sentido, las murallas, con sus escudos reales y nobiliarios sobre las puertas, venían a significar la huella material del Antiguo Régimen feudal y absolutista, un símbolo de los viejos tiempos, incómodo para los nuevos dirigentes liberales, pero también para las masas populares que no dejaban de ver en las murallas y sus puertas el aborrecido control fiscal y de libertad de movimientos.

     En España, sin embargo, el debate acerca de la demolición de las murallas no estuvo condicionado exclusivamente por el componente puramente ideológico, puesto que el factor económico en todas sus perspectivas constituyó el argumento definitivo en la mayoría de los casos. Por un lado, el costoso mantenimiento de unas murallas viejas, arruinadas tras las guerras napoleónicas y las carlistas, además de militarmente ineficaces, animó a los municipios a descuidar su reparación y con la excusa de su ruina buscar la autorización del Gobierno central para su derribo. Por otro lado, las ciudades más dinámicas reclamaban la ampliación del espacio urbanizable para ubicar las nuevas industrias que no dejaban de cre­cer, toda vez que los espacios intramuros desamortizados al clero se habían mostrado insuficientes para albergar la compleja tecnología moderna.

     De este modo, las industrias van saliendo progresivamente de los cascos amurallados para instalarse extramuros y con este traslado van desapareciendo las huertas periurbanas e incrementando su valor de mercado los solares al otro lado de las murallas, como fue el caso de Sevilla, donde la llegada del ferrocarril a partir de 1850 había generado importantes movimientos especulativos. La idea más repetida en los cabildos municipales era la necesidad del ensanche urbano, planteado como una solución necesaria para la planificación de las ciudades modernas, donde alojar nuevos barrios residenciales y nuevas áreas industriales, escaparates del progreso de las nuevas élites triunfantes. Tras la aprobación de los ensanches de Barcelona y Madrid (Plan Cerdá, 1859; Plan Castro, 1860), toda ciudad española moderna que se tuviera por tal, y así se tenía Sevilla, quiso seguir los pasos de ambas capitales, y para todo ello, las murallas y su sistema de puertas representaban un obstáculo cuya demolición encontraba pocos detractores. Por si fuera poco, las corrientes higienistas del momento, representadas en nuestra ciudad por los escritos del Dr. Hauser, venían denun­ciando las pésimas condiciones higiénico-sanitarias dentro de las ciudades, con viviendas viejas y estrechas, mal ventiladas, peor abastecidas de agua potable y deficiente servicio de alcantarillado, donde el cinturón amurallado se representaba como un gigantesco corsé que impedía respirar un aire más limpio y saludable: el que se encontraba al otro lado de las murallas, y que se empezaba a disfrutar cada vez más en los numerosos paseos y jardines que florecían extramuros.

     En definitiva, las murallas habían perdido la gran mayoría de las funciones seculares que las justificaban, aunque los mismos informes militares que señalaban su inutilidad en caso de guerra respondían al ayuntamiento en 1861 ...si es prudente demoler unas murallas que son un monumento histórico de las glorias de Sevilla.

     Como ya hemos avanzado anteriormente, la defensa del valor patrimonial de las puertas y los lienzos amurallados, tal como hoy lo entendemos, demostró ser una lucha contracorriente, enarbolada por sectores minoritarios de la sociedad reunidos en torno a las academias de Bellas Artes y las comisiones de monumentos. Estas instituciones intentaron atender a los deseos mayori­tarios de un mayor desarrollo urbano (Ayuntamiento, Gobierno Civil, prensa local, círculos industriales, etc.) y para ello llegaron a permitir la apertura de portillos en las murallas que facili­taran la comunicación entre uno y otro lado de los muros, a la vez que autorizaron los derribos solo en circunstancias excep­cionales, pero manteniendo en todo momento la importancia del amplio tramo amurallado entre la puerta de la Macarena y la del Sol, el mejor conservado, más visible y menos presionado urbanísticamente, dada la práctica ausencia de viviendas adosadas a la cerca. Pero, sobre todo, dichas instituciones urgieron a las autoridades municipales a respetar las puertas de la ciudad, dado su indudable carácter monumental. Sin embargo, la política de hechos consumados por parte del Ayuntamiento sevillano a partir de septiembre de 1868 condujo a la demolición del tramo entre las puertas del Sol y la de Córdoba, permaneciendo el resto del tramo hasta la Macarena como el único exento con su foso y barbacana. Como recoge acertadamente el profesor Morales Martínez, el gran arquitecto y restaurador Leopoldo Torres Balbás ya denunciaba en 1922 que las murallas 

     ...no caen de vejez, ni las arruinan los temporales, derríbanlas los Municipios como cosas viejas, inservibles y molestas.

     Y este fue el caso de las murallas de Sevilla. En nuestra ciudad, la primera agresión contra la integridad del cerco amurallado se desarrolló bajo el mandato del asistente José Manuel de Arjona (1825-33), aunque su actuación venía a ser, en cierto modo, una continuidad de la política ilustrada más que una operación de sesgo liberal, ya que buscaba fundamentalmente el embellecimiento de la ciudad y la creación de amplios paseos arbolados a lo largo de la orilla izquierda del río. En este sentido, ordenó la demolición de la coracha y sus edificaciones anexas, los antiguos corrales de Valdovinos, que enlazaban la torre del Oro con el sector amurallado de la torre de la Plata. Esta medida era una vieja aspiración municipal que buscaba facilitar el tránsito de todo tipo hacia el puerto, así como enlazar el paseo del Arenal con las nuevas áreas de esparcimiento habilita­das durante el gobierno de Arjona, el salón del Cristina y el paseo de las Delicias, labrándose así una nueva fachada urbana frente a la torre del Oro donde más tarde se ubicaron unos almacenes milita­res. A partir de ahí, los sectores más activos de la burguesía local, a través de la prensa y de sus representantes municipales, no dejaron de presentar mociones solicitando la demolición del conjunto de las murallas, dada la colmatación del casco urbano a raíz del fuerte aumento demográfico y el freno al desarrollo económico que representaban los viejos muros defensivos, una actitud que no escondía el afán especulativo del incremento del valor de los solares extra­muros, sobre todo tras la llegada del ferrocarril a Sevilla.

     El impulso definitivo a la expansión del transporte ferroviario en nuestro país se produjo a partir de la aprobación por el Gobierno de la Ley General de Caminos de Hierro en 1855. Entre otros aspectos, dicha ley establecía amplias facilidades para la ocupación del espacio público que las compañías ferroviarias necesitasen para establecer sus líneas y estaciones, que en el caso de Sevilla afectó al trazarse la línea ferroviaria por el paseo entre el río y la muralla hasta la primitiva estación de plaza de Armas. A tal fin, la Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Sevilla firmó en 1856 un convenio con el Ayuntamiento que le autorizaba a demoler las puertas de la Barqueta y de San Juan, puesto que obstaculizaban el trazado de las vías y del área prevista para los talleres, aunque se comprometía a trasladarlas a una nueva ubicación, presentando dos años más tarde el proyecto al Ayuntamiento en el marco de las obras del nuevo acceso ferroviario a la ciudad por la orilla izquierda del Guadalquivir. Sin embargo, esa reubicación nunca se produjo, mientras que sí se produjeron los derribos de las puertas y, sobre todo, del patín de las Damas y su complejo sistema de coracha y barbacana en torno a 1858, junto con el edificio del husillo real de la calle Lumbreras y el tramo de muralla entre la Barqueta y la Puerta Real. Años más tarde, en 1864, culminarían los derribos en ese área urbana con la demolición de la Puerta de San Juan y de gran parte del arrabal de los Humeros, al calor de las exigencias del ferrocarril y del trazado de la nueva calle Torneo, cuyo suelo resultó más elevado respecto a los niveles previos, para mantener la función de contención y defensa frente a la avenidas del río que anteriormente tuvieron las murallas ahora desaparecidas.

     Por otro lado, en 1856 se había iniciado el proceso constructivo de la línea de Sevilla a Jerez, a cargo de otra compañía ferroviaria, lo que exigió la construcción de una nueva estación en la huerta de la Borbolla frente al arrabal de San Bernardo, y una línea que empalmaba en San Jerónimo con la que subía hacia Madrid. De este modo, como tantas veces se ha expresado, caían las murallas medievales y eran sustituidas por un nuevo cinturón que encerraba la ciudad, el llamado «dogal ferroviario» por la prensa.

     Con anterioridad, en 1861 ya había sido abatido el tramo de muralla que discurría por la calle San Fernando, el cual separaba la Fábrica de Tabacos del conjunto urbano, siendo sustituido por la verja de hierro que hoy contemplamos, aunque retranqueada respecto a su ubicación original. El proceso demoledor había comenzado de manera imparable. 1864 es un año fatídico para las murallas, al aprobar el Ayuntamiento el derribo de la Puerta Real, argumentando que el nuevo terraplén del ferrocarril hacía innecesario mantener la puerta como defensa frente a las avenidas del río, amén de perjudicar la comunicación desde el centro urbano a la estación de la plaza de Armas. De manera similar, para favorecer el acceso desde la ciudad hacia la estación que la Compañía de los Ferrocarriles del Sur había abierto frente al arrabal de San Bernardo, también se autorizó la demolición de la puerta de la Carne en la misma fecha, así como la puerta del Arenal, en este caso a peti­ción del vecindario y para facilitar la comunicación entre el puerto y el centro urbano. Finalmente, ese mismo año también se inició la demolición de la Puerta de Jerez, justificada por su ineficacia de cara a la expansión urbana y, sobre todo, por el nuevo polo de atracción social y político que representaba el palacio de San Telmo con los duques de Montpensier, a pesar de que el arquitecto municipal, Balbino Marrón, había sustituido la vieja puerta, arruinada tras el paso de las guerras carlistas, por otra nueva de corte neo­clásico en 1846. Un gasto reciente que quiso compensarse con la propuesta de traslado de la puerta al nuevo cementerio municipal de San Fernando que comenzaba a levantarse al norte de la ciudad, una mudanza que finalmente tampoco se llevó a cabo y sus materiales acabaron desmontados y vendidos como material de acarreo. Por último, el triunfo de la Revolución Gloriosa, el 18 de septiem­bre de 1868, había puesto punto final a la monarquía de Isabel II y situado al liberalismo progresista al frente de las instituciones del Estado en el llamado Sexenio Democrático. Sin embargo, con ella se abrió la siguiente etapa de demolición de las puertas y murallas a partir de la constitución de los nuevos gobiernos municipales. En Sevilla, el nuevo Ayuntamiento quedó constituido el 20 de septiembre y tan solo dos días más tarde quedaba aprobado el derribo de las Puertas de Triana, Osario, Carmona y San Fernando. El nuevo Ayuntamiento aprovechaba así la incertidumbre política para acelerar el proceso de demolición de las murallas iniciado años atrás, al tiempo que abolía los impopulares impuestos que se cobraban en las puertas de la ciudad, una medida que vino a mostrar una vez más la pérdida de significado de dichas puertas. A su vez, el plan de derribos fue presentado como una ocasión para paliar el alarmante número de parados en la ciudad, llegando a emplearse en los derribos a más de 1500 obreros, cuyo coste salarial llegaría a arruinar el presupuesto municipal, ya que la venta de los materiales procedentes de las puertas abatidas no llegó a compensar el gasto realizado.

     Este es el caso de la Puerta de Triana, demolida completamente en noviembre de 1868, y cuyas pérdidas económicas para el erario público llevaron a la dimisión del arquitecto municipal, envuelto en una fuerte polémica entre acusaciones de corrupción. Por su parte, la Puerta de San Fernando tenía firmada su propuesta de derribo desde aquel año destructor de 1864, pero la oposición del Alcázar había paralizado el proyecto, hasta que este se aceleró con el nuevo gobierno municipal. De manera similar, la Puerta de Carmona también corrió la misma suerte y no la salvó ni su calidad ni su belleza, «Una de las más hermosas del recinto», en palabras de la escritora Fernán Caballero. Finalmente, la Puerta Osario tam­bién cayó víctima de la piqueta en las mismas fechas, a pesar de que Balbino Marrón la había reconstruido veinte años atrás, en 1849, para sustituir la anterior, arruinada durante el asedio de las tropas del general Espartero contra la ciudad enfrentada a su política. Por último, a pesar de que la Comisión de Monumentos había defendido el mantenimiento del tramo amurallado entre la puerta del Sol y de la Macarena, desde años atrás se había venido produciendo una política de hechos consumados ante los derribos que vino a certificar la desaparición de la Puerta del Sol y la Puerta moderna de Córdoba, así como el tramo amurallado entre ambas, en 1870. Con ellas desaparecían las últimas puertas de la ciudad, salvo la de la Macarena, defendida in extremis por académicos y autoridades, la islámica Puerta de Córdoba integrada en el templo de San Hermenegildo, y el Postigo del Aceite, a cuyo derribo se opuso en los tribunales el duque de Medinaceli, propietario de la vivienda interior del arco.

     A partir de ese momento las murallas, en su mayor parte, desa­parecen del paisaje urbano de Sevilla, aunque su función fiscal permanecerá hasta bien entrado el siglo XX a través del fielato y los arbitrios, como podemos observar en el interesante plano de Espínola de 1827, donde se reflejan los puestos de control o «fieldad» ubicados en distintos puntos de acceso a la ciudad. El recuerdo de aquellas puertas sería recogido por Bartolomé Tovar en la serie de dibujos que realizó en 1878 para ilustrar el libro de Francisco de Borja Palomo sobre las riadas en Sevilla, pero cuando dichos accesos ya estaban demolidos y tiene, por tanto, que reconstruir su imagen a partir de algunas descripciones anteriores, por lo que sus dibujos no son completamente rigurosos.

     Por otro lado, una consecuencia fundamental de este proceso demoledor fue el desarrollo de un amplio programa urbanístico sobre los terrenos liberados de puertas y murallas, en los que el Ayuntamiento procedió a diseñar un nuevo paisaje de rondas urbanas, plazas y alineaciones de fachadas que han conformado la imagen de estos sectores de nuestra ciudad hasta hace unos años. No solo se ha mantenido la alineación de las fachadas y la organización de las nuevas manzanas, sino que en muchos casos aún permanecen muchos de los edificios levantados en aquellos momentos, caracterizados por una arquitectura bastante uniforme producto del plan diseñado por los arquitectos municipales, entre los que destacó la obra de Balbino Marrón. La nueva fachada urbana de las rondas extramuros fruto de dichos planes contribuyó por su parte a ocultar los restos de las murallas, que permanecieron como medianeras entre edificaciones y que aparecen con frecuen­cia cuando se realizan obras en dichas viviendas.

     Sin embargo, el proceso especulativo desatado no previó la grave consecuencia que había provocado el derribo de las murallas, ya que éstas habían constituido durante siglos un eficaz sistema de contención de las periódicas avenidas del Guadalquivir, por lo que Sevilla quedó a partir de ese momento completamente desprotegida, como nos muestran las numerosas imágenes publicadas por la moderna fotografía. Esta desprotección obligó, por tanto, a levantar los llamados muros de defensa contra inundaciones que rodean la ciudad, siendo el propio talud ferroviario entre la Barqueta y plaza de Armas el primero de ellos, además de iniciarse una serie de gran­des proyectos de intervención sobre el cauce del río con objeto de eliminar los numerosos meandros y planificar un cauce artificial rectilíneo, desde aguas arriba de San Jerónimo hasta San Juan de Aznalfarache, que no solo alejase al río vivo del casco urbano, sino que, sobre todo, facilitase el rápido desagüe del mismo en los momentos coincidentes de fuertes lluvias y la pleamar en el estuario, amén de facilitar las actividades portuarias. De este modo, podríamos afirmar que con el derribo de las murallas Sevilla perdió también el río histórico que la había abrazado y castigado durante siglos, iniciándose así el proceso de reformas y actuaciones que darían forma a la ciudad del siglo XX.

     Por último, aunque de manera tardía, el Gobierno central aprobó en 1908 la declaración de monumento nacional del conjunto de las murallas sevillanas que se mantenía en pie, tras la alarma generada por la apertura de nuevos portillos en las murallas de la Macarena, lo que vino a establecer una tutela y protección más eficaz sobre los restos de la cerca medieval, sean estos emergentes u ocultos entre viviendas, un nivel de protección que se amplió en 1949 con el decreto que responsabilizaba a los ayuntamientos de su estado de conservación, lo que no impidió que continuaran los ataques demoledores a los restos de la muralla en las actuaciones urbanísticas municipales realizadas a lo largo de la etapa franquista, como el ensanche del sector sobre la antigua Puerta de Triana, por ejemplo, que eliminó los últimos restos visibles de dicho acceso. Podemos concluir que con las normativas estatales, autonómicas y municipales actuales se ha alcanzado recientemente un mayor nivel de protección, aunque insuficiente en casos cercanos como la muy discutible vivienda sobre el muro de la Puerta Osario, por lo que, a pesar de todo, la concienciación de la ciudadanía en defensa de su patrimonio histórico siempre será una herramienta imprescindible para ello (Esteban Moreno Hernández. En torno a las murallas de Sevilla. Guía por las puertas y límites de un casco antiguo. El Paseo editorial. Sevilla, 2023).

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